Las elecciones del próximo lunes 13 de mayo en Filipinas son las preceptivas fijadas para el intermedio del mandato presidencial, que tienen lugar a los tres años de la elección del actual presidente Benigno Aquino III. Los comicios se realizan para cubrir un total de 18.053 puestos electivos. A saber, 12 escaños en el Senado, 233 de la Cámara de Representantes, 80 de gobernadores provinciales con sus respectivos vice gobernadores, 766 miembros de las asambleas provinciales (Sangguniang Panlalawigan), 143 alcaldías con el mismo número de vice alcaldías, 1.598 miembros de los ayuntamientos (Sangguniang Panlungsod), 1.491 alcaldes municipales con sus correspondientes vice alcaldes provinciales, 11.932 concejales municipales, y 26 cargos oficiales de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM). Quedan fuera las elecciones a los barangays, que se convocarán para el próximo mes de octubre.
De los estimados 94.852.030 de filipinos que había en 2011, en conformidad con los datos aportados por el Banco Mundial, están convocados a las urnas 50.896.164 de votantes, según números señalados por el órgano electoral Comelec, es decir, más de dos millones de los que había en las elecciones presidenciales de 2010 (48.275.594). Por regiones, el mayor número de electores se encuentra en Luzón (28.4 millones) seguido de Mindanao (12.1 millones) y Visayas (10.3 millones). Y por provincias, el mayor número de votantes se encuentra en Cebú (2.41 millones), seguido de Cavite, y el menor en Iloilo (1.26 millones), en la isla de Panay.
El período electoral comenzó el pasado 13 de enero, con prohibiciones precisas de Comelec de 24 tipos de actividades, entre las que se encontraba la de portar armas de fuego. Igualmente, la citada comisión elaboró un protocolo de actuaciones electorales que incluían, por primera vez, la regulación de las campañas online, así como una drástica reducción de los tiempos de emisión en antena para candidatos y partidos. También dispuso, como medida de ahorro, el uso de precintos de plástico con números de serie, en lugar de candados, para las urnas. Pero quizá la asignatura pendiente en todo lo concerniente a los procesos de registro continua siendo la implicación y participación de la numerosa comunidad de trabajadores filipinos en el extranjero (OFW, Overseas Filipino Workers), que comenzó a realizarse tibiamente en 2004. A pesar de que en los presentes comicios se ha estimado como muy positivo una participación de más de un 60% de los 737.759 OFW registrados, queda en primer lugar por constatarse si efectivamente se cumple esa estimación (idéntica en las expectativas a los de 2010 pero con un resultado real más bajo), y en segundo lugar la necesidad de arbitrar más medios para incluir al mayor número posible de filipinos en el extranjero, cuyo número se estima cercano a los doce millones (11% de la población) repartidos por 180 países.
Comelec tiene un poder casi absoluto en la organización del proceso electoral. Puede llegar incluso a suspender los comicios en caso de extrema gravedad. Para estas elecciones ha dispuesto la movilización de 14 batallones del ejército en Mindanao, en zonas como Maguindanao, donde en 2009 fueron asesinadas 57 personas, 34 de ellas periodistas, mientras acudían a la presentación de una candidatura para las presidenciales del año siguiente. Asimismo tiene a su disposición el mando de las jefaturas provinciales de policía para garantizar unas elecciones limpias, y, para las votaciones del 13 de mayo ha organizado un dispositivo conjunto con la policía nacional, las fuerzas armadas y los departamentos de interior y gobierno local para coordinarse con el gobierno provincial de Basilan con el fin de evitar el fraude y violencia masivo de las elecciones de 2010.
Aunque hasta ahora menos grave desde el punto de vista numérico que en anteriores convocatorias, lo cierto es que persiste la ya habitual violencia de los períodos electorales. Desde enero hasta principios de mayo la policía tenía registrados 49 actos de violencia electoral, que daban por saldo 30 personas entre muertos y heridos. Ha habido candidatos tiroteados en Metro Manila (Pasig City y Taguig City) y agresiones en diversas provincias dominadas estrechamente por los clanes familiares, como Cavite, sin ir más lejos de la capital, y en los sitios de mayor riesgo en otras convocatorias, como Abra, Pangasinan, Ilocos Sur, La Unión y Maguindanao entre otros. El peor incidente ocurrió en Lanao del norte, con un dramático saldo de 13 decesos. Por si fuera poco, en los primeros días de mayo, se intensificaron varios ataques de la guerrilla comunista del NPA (Nuevo Ejército del Pueblo), después del reciente fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y los rebeldes para acabar con 44 años de insurgencia. Del mismo modo está por ver aún si el día de las votaciones no afloran las perennes denuncias de compra de voto, intimidación y fraude tan reiterativos. Al menos ha habido una concienciación más concreta para esta ocasión, como por sorpresa dio cuenta Comelec a día 7 de mayo con una polémica prohibición de sacar más de 100.000 pesos en metálico o de transportar más de 500.000 hasta pasadas las elecciones, con el objeto preciso de evitar la compra de voto.
Las votaciones para la renovación de la Cámara de Representantes se realizarán de dos modos: primero por el sistema ordinario de elección por distrito local, que afecta a 232 distritos uninominales, y, segundo, por el denominado sistema de lista de partido (Party List), pensado para favorecer la representatividad de los sectores más desfavorecidos, a los que se reservan 58 escaños para las formaciones que alcancen un mínimo del 2% de los votos, pero con un techo electoral máximo de tres asientos, y ello con independencia de que el porcentaje final obtenido fuese mucho mayor. La campaña para la Cámara Baja se realiza sobre una base local, con desconexión de la nacional del Senado. De hecho las coaliciones que concurren a éste no siempre mantienen su cohesión en la Cámara de Representantes. La falta de una articulación estatal de la campaña de los partidos que se presentan a esta institución hace poco relevantes sus resultados, pues usualmente es el partido político del presidente -el Liberal Party– el que termina controlando a la mayor parte del resto de las agrupaciones políticas, las cuáles se acercan a la formación presidencial precisamente para conseguir una mayor garantía y acceso a los fondos estatales (pork barrel) que ha de recibir el distrito al que representan.
Acompañan a estas elecciones las que tendrán lugar para la designación de los gobernadores de las provincias, las unidades de gobierno local (ciudades y municipios) y las de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM), que habrán de proporcionar un gobernador provincial, un vice gobernador (ambas en elecciones por separado) y la asamblea de la única región con régimen autonómico del país.
Pero de los miles de puestos electivos que salen a votación el próximo lunes, son, sin ninguna duda, los 12 del Senado los que revisten un mayor interés y trascendencia, por su incidencia marcadamente nacional, a diferencia de los otros, más de distrito, locales, municipales o regionales. El día 13 se renovará la mitad de los 24 asientos de la Cámara Alta, una institución muy pequeña pero que siempre ha desempeñado un rol muy sustancial en la volátil política filipina. Las votaciones para el Senado son concebidas como de un único y gran distrito (a diferencia de las de la Cámara de Representantes). Como es costumbre en los comicios filipinos, para las elecciones al Senado se han organizado dos grandes coaliciones: la Team PNoy, del Partido Liberal del presidente Aquino, y la United Nationalist Alliance (UNA) formada tras un acuerdo entre el Pwersa Masang Pilipino (PMP) del ex presidente Joseph Estrada, y el Partido Demokratico Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban), del actual vicepresidente Jejomar Binay. Estas dos últimas formaciones ya se habían presentado coaligadas en las elecciones de 2007 bajo la etiqueta de la United Opposition, y en las presidenciales de mayo de 2010 con el tándem Estrada-Binay. Las dos coaliciones compartieron tres candidatos hasta que UNA decidió excluirlos de sus listas. Existe también una tercera coalición, la progresista Makabayang Koalisyon ng Mamamayan (Makabayan), que comparte cuatro candidatos con la Team PNoy, además de otros partidos con sus respectivos senatoriales.
Los sondeos realizados hasta la fecha otorgan una amplia mayoría a los candidatos senatoriales de la administración. En este pronóstico coinciden los dos principales organismos de sondeos en el país: la Social Weather Station (SWS), que es una agencia nacional pública independiente, y la privada Pulse Asia, especializada en estudios electorales. Ambas han verificado amplios estudios de intención de voto desde el comienzo de la campaña para el Senado el pasado 12 de febrero. Aunque sus conclusiones se han publicado en fechas separadas, lo cierto es que SWS y Pulse Asia coincidieron en los datos aportados (número muy similar de personas encuestadas como de porcentaje o margen de error). De acuerdo con ambas, hasta nueve candidatos de la Team Pnoy obtendrían escaños en la Cámara Alta, encabezados habitualmente por los senatoriales reelegibles Loren Legarda, Chiz Escudero y Alan Peter Cayetano. De tal modo que sólo quedarían tres asientos a la opositora UNA (si bien otras encuestas ascienden la estadística hasta los seis). No entraría en el selecto club de los “12 mágicos” ninguno de los llamados independientes u otras formaciones. La coincidencia de los sondeos suscitó la protesta formal de la coalición UNA ante la comisión electoral Comelec. Sea como fuere, en caso de confirmarse los sondeos realizados hasta principios de mayo, la coalición gubernamental alcanzaría una holgada mayoría en el Senado, que proporcionaría a la administración Aquino un espaldarazo fundamental para sus próximos tres años de mandato. Y esto porque a esos hipotéticos nueve habría que sumar los seis senadores pro gubernamentales cuyos escaños no salen ahora a votación (Uno del Nationalist People´s Coalition, dos del Nacionalista Party, y tres del Liberal Party), lo que daría una aritmética de quince de veinticuatro a favor del paraguas electoral del Team PNoy.
Por otra parte, el Senado, teniendo en cuenta los sondeos, seguirá siendo en la práctica la Cámara elitista que ha sido desde la inauguración de la Quinta República en 1986. Proseguirá el dominio incontestado de las dinastías familiares y de los candidatos mejor situados por su riqueza o popularidad. Por un lado, algunos de los que no pueden renovar el cargo por mandato constitucional, de cumplirse las encuestas previas, serán sucedidos por miembros de su propia familia: caso del senador Edgardo Angara, cuya vacante podría ser ocupada por su hijo “Sonny” Angara, o de Manny Villar, que podría dejar su asiento a su mujer Cythia. Del mismo modo la vacante dejada por el presidente Benigno Aquino en 2010 podría ocuparse por su primo Paolo “Bam” Aquino. También encontramos otros neófitos, con serias posibilidades de acceder al Senado, pertenecientes a familias con solera política, como son los candidatos por la coalición UNA, Nancy Binay, hija del actual vicepresidente Jejomar Binay, Joseph Ejercito, hijo del ex presidente Joseph Estrada, y Juan Ponce Enrile Jr. De ser elegidos los dos últimos el Senado podría tener incluso a varios miembros de la misma familia asiento con asiento, como serían el citado Ejercito con su hermano Jinggoy Estrada, o los Enrile, padre e hijo del mismo nombre, a los que habría que sumar los hermanos Cayetano (Alan y Pía). A todos ellos habría que añadir otros nombres conocidos en la arena política filipina, con serias posibilidades de irrumpir en el Senado, como Grace Poe, hija adoptiva del candidato presidencial de 2004 Fernando Poe, o los ya estantes, Ferdinand Marcos Jr, hijo del ex presidente de Filipinas del mismo nombre, Sergio Osmeña III nieto del también ex presidente Sergio Osmeña, o Ralph Recto, nieto del prominente político y jurista Claro M. Recto.
La batalla por el Senado es crucial, de ahí el intenso esfuerzo desplegado por las grandes dinastías familiares del país por situar en él a sus miembros. La pequeña Cámara Alta, formada mayoritariamente por políticos que han pasado previamente por la Cámara de Representantes, ha sido habitualmente el trampolín para el palacio de Malacañang (sede presidencial). En él se han curtido los principales prohombres de la política nacional y de él han salido la mayoría de los presidentes de Filipinas (Manuel L. Quezon, José P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Roxas, Elpidio Quirino, Carlos P. García, Ferdinand Marcos, Joseph Estrada, Gloria Macagapal-Arroyo y Benigno Aquino).
Entre los temas más tratados por los candidatos durante la campaña electoral se han encontrado fundamentalmente los relativos a la sempiterna Ley de Salud Reproductiva, en torno a la extensión y divulgación de los métodos para el control de la natalidad, aplazada en la definición de su constitucionalidad por el Tribunal Supremo. El proyecto de ley ha generado una gran división de pareceres incluso entre los candidatos concurrentes bajo las mismas siglas de coalición, aparte de una activa participación de la Conferencia Episcopal Católica de Filipinas (CBCP) intentando orientar el voto hacia los candidatos contrarios a dicha ley, como censurando a los partidarios con actuaciones incluso tan polémicas como el despliegue de una pancarta gigantesca en la catedral de Bacolod (Negros) en la que se incitaba a negar el voto a estos últimos, etiquetados como Team Patay (Equipo de la Muerte). Otras cuestiones tratadas en la campaña han sido la del divorcio (Filipinas sigue siendo el único país del mundo que no lo permite) o el matrimonio de personas del mismo sexo, ambas con escasas posibilidades de legalización, a tenor de la opinión mayoritariamente contraria de los senatoriales. Parece que ha habido más consenso en la prohibición total de armas de fuego, otras disposiciones sanitarias de carácter universal, la aplicación de leyes favorables a la información o el mantenimiento de la eliminación de la pena capital. Parecen casi inexistentes los debates sobre la modificación del pork barrel, o asignación de fondos estatales, que tanto transfuguismo genera en el día después de una elección presidencial, o la necesidad de revigorizar el sentido de ASEAN, ausente, por ejemplo, en la crisis de Sabbah o en el contencioso con China en las islas Spratly. Inconcretos los efectuados sobre la reforma Constitucional (Charter Change), anclada en un debate retórico de ideas de lejana aplicación práctica. E ilusos, o faltos de voluntad política, los relacionados con las leyes para limitar las dinastías familiares, propósito recogido en la Constitución de 1987, pero nunca terminado de concretar en un Congreso lleno de parientes y vástagos de las grandes familias filipinas.
Durante los meses de campaña han surgido además otras polémicas, actuaciones o hechos que han incidido en su curso. Pueden mencionarse la citada crisis de Sabbah, desatada por un grupo de seguidores del sultán de Sulu, al incitar de modo violento la reclamación a Malasia del territorio de Borneo, con defensores y críticos de la mediación gubernamental ante Kuala Lumpur. O la publicación por los medios de comunicación de varias cuentas en paraísos fiscales del senador Manny Villar o el candidato Ejercito.
Sea cual sea el resultado, lo que está en juego es el respaldo a las políticas desarrolladas por el presidente Aquino en su primera parte de la legislatura. Habrá que ver si el importante acuerdo alcanzado con el principal grupo insurgente musulmán de Mindanao -el Frente Islámico (MILF)- está finalmente a la altura de los de 1976 y 1996, si surten efecto las medidas contra la mitigación de la pobreza y el desempleo, si se articula la nueva reforma educativa, o entre otros, si se da respuesta a los problemas demográficos con la ley de salud reproductiva. A última hora, y bajo el amparo de algunas estadísticas macroeconómicas, el gobierno Aquino, sin dejar de negar las grandes dificultades de subsistencia de millones de filipinos, ha recordado la consecución de un crecimiento moderado, aplaudido por el Fondo Monetario Internacional y con el visto bueno de las agencias calificadoras de riesgo (Standard & Poor´s, Fitch) para el reclamo de los inversores extranjeros. Si estos avales son considerados aptos por los votantes, el Team PNoy dará luz verde a una profundización de estas medidas hasta 2016.
A la espera de las votaciones del lunes 13 de mayo, las columnas y editoriales de diversos medios de comunicación han expresado el deseo de que el corolario de medidas desplegadas por Comelec alumbre una jornada sin grandes sobresaltos. Los triunfadores habrán de regir los gobiernos a nivel local, municipal o nacional para los próximos tres años. La batalla por la renovación de la mitad de los asientos del Senado rectificará o confirmará -más bien esto último de acertar los sondeos- las políticas emprendidas por la administración Aquino para su segundo y último período presidencial.
