Barbero, ha empezado su intervención denunciando que desde agosto de 2017 cerca de 700.000 rohinyás han tenido que huir de la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad de Myanmar para refugiarse en campos y asentamientos improvisados, que se han ido levantando en la península de Cox’s Bazar en el sureste de Bangladesh, y cuya situación la convierte “en la mayor crisis de refugiados que ha vivido Bangladesh en toda su historia”.
“A día de hoy, los rohingyas siguen denunciado represión y continúan marchando, vendiendo sus bienes, huyendo en barcas y viviendo en condiciones muy precarias”. A pesar del importante despliegue humanitario que están llevando a cabo las ONG (sólo Médicos sin Fronteras realiza a diario 1.800 consultas médicas), las necesidades siguen siendo acuciantes, ha dicho Barbero.
El representante de Médicos sin Fronteras también ha explicado que se trata de una población compuesta en su mayoría por niños y mujeres, que ha sufrido experiencias traumáticas, ha perdido a familiares, ha sufrido todo tipo de abusos, vejaciones, y violencia sexual y, por esto, la actuación de los servicios sanitarios y de salud mental en el terreno es crucial.
Por su parte, Blanca Garcés ha dicho que este lamentable episodio de limpieza étnica ha puesto en el mapa a los rohinyás y en alerta al mundo occidental. Sin embargo, ha asegurado, su historia viene de lejos: “se trata de una minoría musulmana en un país de mayoría budista, que es perseguida por un estado que no la reconoce como grupo étnico de la nación birmana, y que sigue tratando a sus miembros como apátridas y, en consecuencia, son excluidos de derechos tan básicos como la salud, la educación, y prácticamente a cualquier puesto de trabajo. Y, al final, acaban en campos de refugiados: “son vidas permanentemente en espera, esta es la vida de un refugiado”.
La investigadora del Cidob también ha explicado que más allá del conflicto religioso y étnico, se ha hablado muy poco de la confiscación de tierras, que se ha agravado con la entrada de capitales extranjeros que invierten de forma masiva en Myanmar, y en operaciones en las que el ejército ha tenido un papel clave. Según Garcés, en todo este tiempo se han expropiado más de un millón de hectáreas que antes eran propiedad de los rohinyás. En definitiva, para Garcés “la persecución de esta comunidad ha cumplido con un doble objetivo: la expulsión de sus tierras y poner el foco del conflicto en la cuestión étnico y religioso”.
Finalmente, Blanca Garcés ha cuestionado el papel de la comunidad internacional ante esta crisis. “Se ha puesto el acento en la pasividad y connivencia de la política birmana Aung San Suu Kyi pero hay que tener en cuenta que la ONU se ha limitado a ofrecer ayudas para programas en desarrollo y no ha querido entrar a fondo en la cuestión”. Además, ha concluido, hoy los estados cierran sus fronteras a los refugiados, con lo que favorecen que organizaciones criminales y redes de traficantes se lucren con la situación de los refugiados rohinyás.
